Derecho de Familia, pensiones alimentarias y violencia doméstica

sc-1994-01725

     

    Constitucionalidad de los arts. 151 y 161 del Código de Familia. La obligación alimentaria no es una sanción o una pena; es simplemente el cumplimiento de deberes paternos. La utilización de conceptos jurídicos indeterminados no es per se inconstitucional; pueden serlo sólo de manera indirecta (jurisprudencia). Derecho a la igualdad. Los criterios o parámetros fijados legales para fijar una pensión alimentaria son objetivos y comprobables. Imposibilidad de establecer parámetros comunes para medir las necesidades de las personas beneficiarias y las posibilidades económicas de todos los obligados.

    Alcances del art. 142 del Código de Familia. Necesidad del consentimiento de la madre para que el reconocimiento del hijo o de la hija extramatrimonial por parte del "padre" pueda surtir efectos jurídicos plenos (patria potestad compartida.

    sc-1994-03693

     

    Consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de adición al Código de Familia para regular la unión de hecho. Legitimidad constitucional de otorgar protección legal a la familia de hecho. Inconstitucionalidad de la regulación de los efectos patrimoniales de la unión de hecho en que uno de los convivientes no tenga libertad de estado para contraer matrimonio anterior. HAY VOTO SALVADO.



    Constitucionalidad del procedimiento para la imposición de medidas de protección establecido en la Ley contra la violencia domésticas. Posibilidad de imponer una pensión alimentaria en esa materia. Procedencia del recurso de apelación contra la resolución que la ordene.

    Legitimidad de la Ley contra la violencia doméstica. El otorgamiento de medidas de protección no se vulnera la presunción de inocencia porque tiene carácter cautelar (no sancionatorio). El principio in dubio pro persona agredida es una ventaja procesal adecuada a la Constitución Política y resulta necesaria para contrapresar el desequilibrio entre agresor y agredida.

    Constitucionalidad de los arts. 72 y 73 del Código de Familia. La diferenciación entre la legitimación procesal del padre y de la madre en lo relativo a la impugnación de la paternidad de las hijas e hijos matrimoniales es fundada y razonable. La madre carece de un interés directo y personal para impugnar la paternidad de su hijo/a. Reconocerle esa posibilidad lesiona los intereses legítimos del padre y de la hija o hijo.

    Constitucionalidad del art. 3 de la Ley contra la violencia doméstica. Las medidas de protección no violan derecho fundamental alguno dado su carácter cautelar.

    Igualdad de derechos de los cónyuges. Odiosa discriminación por razón de género. Inconstitucionalidad del art. 326 del Código de Familia en cuanto establecía como curador legítimo del hijo o hija incapaz al padre y, sólo a falta de éste, a la madre.