EXP: 98-007266-007-CO-A

RES: 02366-99

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Recurso de amparo interpuesto por CÉLIMO GUIDO CRUZ, cédula de identidad número 6-098-1102; JOSÉ MERINO DEL RÍO, cédula de identidad número 8-046-244; CLARA ISABEL LORÍA CHAVEZ, cédula de identidad número 1-378-753 y CARLOS JIMÉNEZ VARGAS, cédula de identidad número 6-089-938 contra la JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.

 

RESULTANDO

1.- En memorial presentado a las once horas cuarenta y siete minutos del veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho, los recurrentes Célimo Guido Cruz, José Merino del Río, Clara Isabel Loría Chavez y Carlos Jiménez Vargas interponen este recurso contra la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y manifiestan que a las nueve horas del once de setiembre de mil novecientos noventa y ocho fueron convocados los delegados de la Asamblea General de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, electos por los nuevos Concejos Municipales, Ligas Municipales y Concejos Municipales de distrito, para la elección de la nueva Junta Directiva. La Asamblea General se conforma por dos delegados de cada organismo afiliado los cuales en muchos casos irrespetaron el principio de representatividad de las mujeres y de las distintas fuerzas políticas existentes. Además de esto, indican que la papeleta ganadora cuenta con una inmensa mayoría del Partido Unidad Social Cristiana, donde quince de los veinte que conforman la papeleta son de ese partido, y un porcentaje de participación de la mujer que no alcanza el porcentaje del cuarenta por ciento establecido por ley, ya que se postulan únicamente siete mujeres cuando el número debió ser de ocho. Por estas razones consideran violado el artículo 33 de la Constitución Política y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y solicitan se declare nula la elección de la actual Junta Directiva, la suspensión del acto impugnado y la convocatoria a nuevas elecciones, así como que se condena a los recurridos al pago de las costas, daños y perjuicios causados.

2.- Por resolución de las diez horas con un minuto del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, notificada a las diez horas del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, se enderezó el recurso contra la Junta Directiva de la Unión de Gobiernos Locales de quien se requirió el informe correspondiente.

3.- En memorial presentado a las dieciocho horas con quince minutos del veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve, Mario Alberto Cháves Mata y Héctor Ricardo Palma manifiestan que las Municipalidades, las Federaciones y los Concejos Municipales de Distrito, con fundamento en la autonomía política que los ampara, pueden nombrar a sus delegados con toda discrecionalidad incluyendo a hombres o mujeres o a personas de uno u otro partido, no obstante que la elección se realizó con apego al principio democrático y al de igualdad. Además consideran que dicho reclamo debió haberse presentado ante el órgano que elige a los delegados y no en contra de la Asamblea Nacional o del Concejo Directivo. En cuanto a la elección de la Junta Directiva considera que la Asamblea General dio cumplimiento al principio de igualdad al nombrar a un número representativo de mujeres equivalente al treinta y cinco por ciento de la totalidad de los miembros, con un aumento del ciento diez por ciento con respecto a la Junta Directiva pasada, además de que resultó conformada por miembros del Partido Liberación Nacional, Fuerza Democrática y Unidad Social Cristiana. Indican que el estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales garantiza el respeto democrático de las minorías que no quiere decir que el Concejo se deba integrar por las distintas fuerzas políticas que así lo deseen y que la pretensión de los recurrentes de tener que respetar un porcentaje de participación del cuarenta por ciento a favor de las mujeres no les es de aplicación ya que es una normativa establecida para órganos constitucionalmente establecidos y por considerar que es una cuestión de mera legalidad.

4.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Arguedas Ramírez; y

CONSIDERANDO

I.- Objeto del amparo. Los recurrentes, Célimo Guido Cruz, José Merino del Río, Clara Isabel Loría Chavez y Carlos Jiménez Vargas, interponen este recurso contra la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que a su juicio infringe el principio de igualdad, reconocido en el artículo 33 de la Constitución Política, porque no se da en la Asamblea General de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Junta Directiva de dicha Unión el porcentaje de participación femenina requerido por el Código Electoral. Alegan también la violación de principios democráticos por la escasa presencia de diversos partidos políticos en dicha Junta.

II.- Sobre los hechos. El once de setiembre de mil novecientos noventa y ocho se convocó a la Asamblea Nacional de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para la elección de los miembros de su Junta Directiva (folio 20, líneas 16 a la 19 y folio 31), la cual quedó conformada con un porcentaje de participación femenina del treinta y cinco por ciento (folio 22. líneas 5 y 6). Asimismo, de los veinte integrantes de la papeleta, quince son del Partido Unidad Social Cristiana (folio 4, línea 11). Además, de los ciento treinta y ocho delegados que conformaron la Asamblea General, más del treinta por ciento eran mujeres (folio 22, líneas 3 y 4, y folio 2, línea 12).

III.- Sobre el derecho. Indican los recurrentes que los porcentajes de participación de la mujer en la Asamblea General y en la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales no alcanza los requerimientos legales establecidos en el artículo 60 del Código Electoral, por lo que consideran que esa integración viola el principio de igualdad y no discriminación. Establece este artículo: Artículo 60.- En su organización, los partidos comprenderán: a) Una Asamblea de Distrito en cada distrito administrativo;

b) Una Asamblea de Cantón en cada cantón;

c) Una Asamblea de Provincia en cada provincia;

d) La Asamblea Nacional La Asamblea de Distrito estará formada por los electores de cada distrito afiliados al partido. La Asamblea de Cantón estará constituida por cinco delegados de cada distrito electos por las respectivas asambleas de distrito. La Asamblea de Provincias estará integrada por cinco delegados de cada cantón, electos por las respectivas asambleas cantonales. La Asamblea Nacional estará conformada por diez delegados de cada provincia, electos por las respectivas asambleas provinciales.

Además, cada Asamblea estará integrada por los demás miembros que se establezcan en los respectivos estatutos que se escogerán con base en principios democráticos y de representatividad. El número de miembros determinados por los estatutos siempre deberá ser menor que el de delegados de carácter territorial que se establecen, en este artículo, para cada Asamblea.

El quorum para cada Asamblea se integrará con la mayoría absoluta, mitad más uno, del total de sus integrantes; y sus acuerdos serán tomados por la mayoría, mitad más uno, de los presentes, salvo en los asuntos para los cuales los estatutos establezcan una votación mayor.

Las delegaciones de las asambleas distritales, cantonales y provinciales, deberán estar conformadas al menos, por un cuarenta por ciento (40() de mujeres.

El artículo 60 del Código Electoral se refiere, específicamente, a la organización de los partidos políticos, comprensiva de distintas clases de asambleas, y establece que las delegaciones de las asambleas distritales, cantonales y provinciales deberán estar conformadas al menos por un cuarenta por ciento de mujeres. La adopción del sistema de cuota por el Código está, pues, limitada a la organización de los partidos, y no es exigible en los mismos términos en otros casos. Es decir, se trata de normativa que regula un supuesto distinto al alegado por los recurrentes, referido a la conformación de las distintas asambleas en la organización de los partidos políticos y no a la regulación de toda entidad de derecho público, por lo que no resulta aplicable a los hechos que fundamentan este recurso. Sin embargo, debe entrarse a valorar si la participación femenina, tanto en la Asamblea General como en la Junta Directiva, llena los requerimientos del principio de igualdad constitucional, el cual prohibe todo tipo de discriminación por razón del género, y si se ajusta a lo indicado por el artículo 5 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, que dispone en su párrafo segundo: "Asimismo, los estatutos a que se refiere el párrafo anterior, deberán contener mecanismos eficaces que aseguren el nombramiento de un porcentaje significativo de mujeres en los viceministerios, oficialías mayores, direcciones generales de órganos estatales, así como en juntas directivas, presidencias ejecutivas, gerencias o subgerencias de instituciones descentralizadas". La situación subordinada de la mujer, que es repudiada a partir de la dignidad de la persona humana, del derecho a la igualdad y de la proscripción de la discriminación, justifica en sentido general que el legislador adopte medidas compensatorias o promocionales. Así, por ejemplo, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer pretende crear una desigualdad jurídica, una discriminación positiva, que compense la desigualdad social existente y que obligue, sobre todo al Estado -en sentido lato- a tomar las medidas necesarias para impulsar el desarrollo integral de la mujer como ser humano. La igualdad de la mujer ante la ley debe interpretarse también partiendo de este supuesto, de forma tal que, bajo los parámetros reiterados por esta Sala en cuanto al tratamiento igualitario a quienes se encuentran en las mismas situaciones de hecho, se posibilite una desigualdad jurídica que procure la inserción o el despliegue de la condición de la mujer en todas las esferas de la vida social. De igual manera, y por tratarse de la forma más evidente de violación de los derechos de la mujer, debe determinarse en cada caso concreto la ausencia de actos discriminatorios que tienen como fundamento cuestiones de género. La igualdad social de la mujer indica que, con respecto al hombre, debe contar con la misma protección jurídica, de modo que la prohibición de diferenciar entre el hombre y la mujer se produzca cuando concurran elementos esencialmente iguales para cada uno de ellos, tras dejar de lado el único elemento diferenciador que es el género. En el caso que ocupa la atención de esta Sala, en la composición de la Junta Directiva las mujeres alcanzaron un porcentaje de participación del treinta y cinco por ciento y de más del treinta en el caso de la Asamblea General, cifras que razonablemente llenan los requerimientos a que tiende la Constitución y la Ley de Igualdad Social de la Mujer. Tan es así que en el caso de la composición de la Junta Directiva sólo falta una mujer más para llenar el cuarenta por ciento que exigen los recurrentes, el que -no obstante lo dicho acerca de la cobertura del artículo 60 del Código Electoral, es un parámetro adecuado para valorar esa participación. Además, no se ha comprobado en la elección de la Asamblea General y de la Junta Directiva acto concreto que pueda ser considerado como discriminatorio y que dé motivo para declarar como infringido el derecho de la mujer a un tratamiento igualitario en las condiciones anteriormente descritas. En cuanto a la alegada falta de representación de los diversos partidos políticos en la conformación de la Junta Directiva, tema que es obviamente distinto del anterior y cuyo examen cursa por otros canales -especialmente, a partir del principio del pluralismo político-, se debe advertir que en la elección de la Asamblea General, encargada de nombrar a la Junta Directiva, se sigue un procedimiento establecido en el artículo 11 del Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que establece que la Asamblea Nacional estará conformada por dos delegados nombrados por acuerdo del Concejo de cada Municipalidad integrante de la Unión, por dos miembros designados por acuerdo de cada uno de los Concejos Municipales de Distrito y por dos delegados designados por acuerdo del Concejo Directivo de cada una de las Ligas de Municipalidades, los cuales deben ser regidores. Se indica de esta manera, en la conformación de la Asamblea Nacional, la concurrencia de las Municipalidades, de los Concejos de Distrito y de las Ligas de Municipalidades, donde cada uno de estos organismos cuenta con la posibilidad de nombrar dos miembros para la Asamblea, que es el órgano encargado de elegir a la Junta Directiva. Quiere decir esto que en el procedimiento de elección de la Junta Directiva se encuentran dos facetas claramente diferenciadas en las que se resguarda el principio democrático. Una en la cual se acuerda el nombramiento de los integrantes de la Asamblea General y otra en la que se produce la elección de la Junta Directiva. En estas etapas las diversas tendencias políticas tienen la posibilidad de postulación y elección, de forma que es a través de estos mecanismos que se determinará la composición final de la Junta Directiva. Aún cuando el artículo 23 de ese mismo estatuto establece que las papeletas deberán contener regidores representantes de cada una de las provincias y deberá procurar la representación de los distintos partidos políticos, el cumplimiento de esta normativa se debe verificar en el aseguramiento de un procedimiento que, a través de la participación democrática, posibilite el acceso de personas con distintas inclinaciones políticas a la participación dentro de los procesos eleccionarios. De todas formas esta garantía no acarrea necesariamente una igualdad absoluta en la integración de las papeletas, sino una participación razonable de las distintas agrupaciones que debe asegurarse en las diversas etapas del proceso de elección, sin que hayan logrado demostrar los recurrentes que en dicho proceso eleccionario se hayan violado esos principios de participación democrática.

IV.- Conclusión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, procede rechazar el recurso, al no haberse producido en la composición de la Junta Directiva ni de la Asamblea General de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, actos de discriminación en la elección de sus miembros por razón del género o por la violación de principios democráticos en la elección de los miembros de la Junta Directiva.

 

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso.

Luis Paulino Mora M.

Presidente

R. E. Piza E. Luis Fernando Solano C.

Carlos Arguedas R. Alejandro Batalla B.

Gilbert Armijo S. Susana Castro A.