Exp: 98-001079-0007-CO

Res: 1998-03666

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con nueve minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por Clara zOmer rezler, mayor, soltera, Ingeniero Civil, vecina de San Ramón de Tres Ríos, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, cédula de identidad número 1-271-528, contra los artículos 19 y 20 de la Ley número 7142/90, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.

Resultando:

1.- La accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 19 y 20 de la Ley número 7142/90, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Alega que el artículo 19 resulta inconstitucional en cuanto obliga al Instituto que representa a desarrollar "un sistema de formación profesional para la mujer", y el 20 en cuanto lo obliga a crear un "Departamento de Formación Profesional para la Mujer", para lo cual debe destinar no menos de uno por ciento (1%) de su presupuesto.- Las normas se impugnan también por cuanto durante el procedimiento de aprobación, no se hizo la consulta constitucional que exige el artículo 190 de la Carta Fundamental, y por estimarse contrarias a los principios de razonabilidad y de igualdad.

2.- El asunto previo de esta acción de inconstitucionalidad lo constituye el recurso de amparo número 98-000613-007-CO, interpuesto por la Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) contra el Instituto Nacional de Aprendizaje.

3.- Por resolución de las trece horas cincuenta minutos del nueve de marzo último (visible a folio 6 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndosele audiencia a la Procuraduría General de la República y a la Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA).

4.- Los edictos respectivos fueron publicados en los Boletines Judiciales números 075, 076 y 077, de los días veinte, veintiuno y veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho.

5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 22 a 28. Señala que los vicios de inconstitucionalidad alegados son inexistentes, pues se puede comprobar del expediente respectivo que la Asamblea Legislativa si sometió a consulta ante el Instituto Nacional de Aprendizaje el proyecto de comentario. Que igualmente se puede comprobar que la ponderación de los aspectos presupuestarios, en relación con el Instituto Nacional de Aprendizaje, y el interés de mantener la participación de esa Institución en el trámite del proyecto, en lo que concernía, también estuvieron presentes. Añade que con los imperativos cuestionados en esta acción, el Legislador garantiza un mínimo de acceso de las mujeres a la preparación técnica en el Instituto Nacional de Aprendizaje y con ello se complementaron las disposiciones para la racionalización del servicio educativo técnico, en tal manera que acceso de las mujeres a él continuara careciendo, casi en forma absoluta del amparo legal que la historia demuestra que siempre ha requerido. Que con el contenido de las normas impugnadas, no se limita el acceso de los hombres a la misma capacitación, claro está salvo que se estime que todos los recursos del Instituto deben estar disponibles para las personas de este sexo, en cuyo caso, la incorporación de cada mujer implica el desplazamiento potencial de un hombre. Que para el análisis constitucional planteado, las situaciones deben ser examinadas con todas sus circunstancias, reconociendo la compensación que en cada caso se requiere para el restablecimiento del equilibrio o, como sucede frecuentemente en el caso de la participación social de la mujer, para lograr por primera vez el equilibrio. Agrega que de la lectura de las normas impugnadas en la acción, se puede corroborar que éstos no son desproporcionados y constituyen disposiciones adecuadas a los propósitos de la Ley, aunque ciertamente insuficientes. Sin embargo, tal insuficiencia, no implica que aquellas sean irrazonables. Con base en lo expuesto, solicita que la acción sea desestimada en todos sus extremos.

6.- Ana Carcedo Cabañas -en calidad de representante de CEFEMINA-, al contestar la audiencia conferida, a folio 11, manifiesta que los vicios de inconstitucionalidad alegados son inexistentes, dado que funcionarios del Instituto nacional de Aprendizaje no sólo tuvieron participación en el proceso legislativo que se interesa, sino además, en la redacción de los artículos aquí cuestionados. Añade que en la actualidad no existe asidero legal alguno que pueda sustentar la violación al principio de igualdad, cuando se está ante "diversos instrumentos jurídicos" tendente a fomentar la igualdad real entre los sujetos, en cuenta las normas aquí impugnadas. Apunta, por otro lado, que el destinar a la tarea de la capacitación de la mujer el uno por ciento del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje, es apenas razonable. Más bien, si se analiza con detalle el problema, se llega a la conclusión que tal porcentaje es inferior a los recursos que realmente se necesitan para afrontarlo.

7.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Mora Mora ; y,

 

Considerando:

I.- Sobre la admisibilidad. Esta acción es admisible por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79, y le sirve como base el recurso de amparo que se tramita en expediente número 98-000613-007-CO, interpuesto por la Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) contra el Instituto Nacional de Aprendizaje.

II.- Sobre el contenido de las normas impugnadas: se establece en los artículos 19 y 20 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer:

"Le corresponde al Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollar un sistema de formación profesional para la mujer, que oriente las políticas, en el corto, mediano y largo plazo, hacia la capacitación de la mujer en los diversos sectores económicos.

Esta capacitación deberá incluir el conocimiento de la legislación laboral correspondiente e inherente a los derechos de la mujer trabajadora.

Con el fin señalado, el Instituto Nacional de Aprendizaje deberá crear el departamento de formación profesional para la mujer, para lo cual destinará no menos del uno por ciento (1%) de su presupuesto anual."

Con arreglo a la resolución mediante la que se dio curso a esta acción, las normas citadas se impugnan en cuanto el artículo 19 obliga al Instituto Nacional de Aprendizaje a desarrollar "un sistema de formación profesional para la mujer", y el 20 en cuanto le obliga a crear un "Departamento de Formación Profesional para la Mujer", para lo cual debe destinar no menos de uno por ciento (1%) de su presupuesto; y se impugnan también por cuanto durante el procedimiento de aprobación, no se hizo la consulta constitucional que exige el artículo 190 de la Carta Fundamental, y por estimarse contrarias a los principios de razonabilidad y de igualdad.

III.- Sobre la presunta falta de consulta, según lo establece el artículo 190 de la Constitución Política: En el expediente en el que se tramitó la Ley número 7142, consta que la Asamblea Legislativa sí sometió el Proyecto respectivo a la consulta ante el Instituto Nacional de Aprendizaje. De igual forma, se puede comprobar que la ponderación de los aspectos presupuestarios, en relación al Instituto aludido, así como el interés de mantener la participación de esa Institución en el trámite de rigor, también se observaron. En consecuencia no aprecia esta Sala que se haya producido, en el trámite legislativo de comentario, el alegado quebranto constitucional, a lo dispuesto por el artículo 190 de la Constitución Política.

IV.- Sobre la alegada violación a los principios de igualdad y razonabilidad: Con ocasión de los contenidos normativos de los artículos aquí impugnados, se establecen los siguientes imperativos: 1) desarrollar un sistema de formación profesional para la mujer, que oriente las políticas, en el corto, mediano y largo plazo hacia la capacitación de la mujer en los diversos sectores económicos; 2) incluir en ese sistema el conocimiento de la legislación laboral correspondiente e inherente a los derechos de la mujer trabajadora; 3) crear el Departamento de formación profesional para la mujer; y 4) destinar para la operación de dicho departamento un mínimo del uno por ciento de su presupuesto anual. Pese a que el artículo 33 de la Constitución Política garantiza, entre otros aspectos, la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, la realidad histórica y social, demuestran que las proyecciones institucionales se han ejecutado con una evidente desventaja para las mujeres, en punto al acceso a los servicios que éstas prestan. Sin lugar a dudas tal desventaja constituye un hecho notorio. En atención al hecho señalado y sin entrar en mayores consideraciones sobre las causas que lo motivan, resulta indispensable que el Estado responda, en forma política, con el objeto de lograr el equilibrio ordenado por la Constitución Política. No cabe la menor duda a esta Sala que con los imperativos cuestionados en esta acción, lejos de producirse una discriminación en perjuicio de alguno de los géneros mencionados, el legislador garantiza un mínimo de acceso de las mujeres a la preparación técnica que presta el Instituto Nacional de Aprendizaje, proceder que resulta conteste con los planteamientos mencionados y por ende, no puede ser estimado contrario al artículo 33 Constitucional. Por otra parte, debe señalarse que con las normas cuestionadas, no se limita, en forma alguna, el acceso de los hombres a la misma capacitación, hecho que, de ser cierto, si provocaría el quebranto acusado, situación que sólo puede ser determinada, en su caso, mediante el análisis completo de todas las circunstancias que podrían rodear un caso concreto, examen, que, por razones obvias, no puede efectuarse en abstracto, tal como lo pretende el instituto nacional de Aprendizaje. En punto al tema de la "razonabilidad", esta sala comparte el criterio de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la ""irrazonabilidad" de una norma, no es una cualidad que se pueda afirmar en abstracto, si se piensa en el contenido de un argumento para la demostración de una tesis en ese sentido. En el caso bajo examen la accionante no fundamenta su alegato sobre la supuesta irrazonabilidad de los imperativos cuestionados. Sin embargo, de la simple lectura d éstos se puede comprobar que éstos no son desproporcionados y constituyen normas adecuadas a los propósitos de la Ley, así como que implican una ejecución directa de los mandatos constitucionales, en punto al principio de igualdad.

V.- De lo expuesto se desprende que no existen en la especie vicios de constitucionalidad, razón por la que procede declarar sin lugar esta acción, como en efecto se dispone.

 

Por tanto:

Se declara sin lugar la acción.

Luis Paulino Mora M.

Presidente

R. E. Piza E. Luis Fernando Solano C.

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R.

Ana Virginia Calzada M. Alejandro Batalla B.