Exp N. 2258-M-96

N. 2896-96

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA .- San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del catorce de junio de mil novecientos noventa y seis.-

Consulta Judicial Facultativa de Constitucionalidad, formulada por el Juez de Familia de Hatillo, Licenciado Mauricio Chacón Jiménez, referente a los numerales 9, 10, 12 y 14, así como el artículo 3 inciso l), en relación con el 10, todos de la Ley contra la Violencia Doméstica, número 7586 del dos de mayo del año en curso.-

Resultando :

1.- Mediante resolución de las trece horas treinta minutos del nueve de mayo en curso, el Licenciado Mauricio Chacón Jiménez, Juez de Familia de Hatillo, formula consulta judicial facultativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en la que señala que tiene dudas fundadas sobre la constitucionalidad de los artículos 9, 10, 12 y 14, así como el 3 inciso l) en relación con el 10, todos de la Ley de Violencia Doméstica, disposiciones que debe aplicar dentro de las diligencias de "solicitud de medidas de protección" que se tramitan en ese despacho bajo expediente número 258, a favor de Lilliam Delgado Ramos.- En lo esencial, manifiesta el juzgador que el procedimiento establecido en la ley, para establecer "medidas de protección", lesiona el derecho a la defensa de la parte demandada, pues no se prevé ni siquiera un traslado de la demanda.- La resolución que ordena aplicar la medida de protección es el auto que da curso a la demanda, que se dicta inmediatamente después de formulada, y en la cual además, se cita a las partes -dentro del plazo de tres días- a una audiencia oral para evacuar las pruebas.- Se trata, a juicio de la autoridad consultante, de un procedimiento sumarísimo, en donde no se garantiza ninguna oportunidad de defensa a la persona contra quien se solicita la medida de protección, lesionándose de esa forma los principios de igualdad procesal y del debido proceso, consagrados por su orden, en los numerales 33 y 39 de la Constitución Política.- Señala además, que el artículo 3 inciso l) de la Ley número 7586, establece como una de las medidas de protección, la fijación provisional de una obligación alimentaria, y el artículo 10 ídem dispone que contra la resolución que ordene aplicar cualquiera de las medidas de protección solicitadas, no cabrá recurso alguno. Considera que esa circunstancia es inconstitucional, pues mediante sentencia de esta Sala número 0300-90, de las diecisiete horas del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa, se anuló cualquier interpretación o aplicación, que niegue el recurso de apelación contra las resoluciones que impongan una pensión alimenticia provisional.-

2.- Dentro del término del emplazamiento concedido por el juez consultante, se apersonó al expediente Lilliam Delgado Ramos, actora en el proceso principal, quien mostró su desacuerdo con la formulación de esta consulta, y se opuso a las consideraciones del juzgador.-

3.- Los artículos 9 párrafo tercero y 106, ambos de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, facultan a la Sala para resolver interlocutoriamente una consulta judicial cuando existan elementos de juicio suficientes para ello.-

Redacta el Magistrado Mora Mora; y,

Considerando :

I).- CONTENIDO Y ALCANCES DE LA CONSULTA: Las dudas que expone el Juez de Familia de Hatillo, en cuanto a la validez constitucional de la Ley contra la Violencia Doméstica, están íntimamente vinculadas con el debido proceso, principio que se estima vulnerado desde dos puntos de vista: a) en primer término, se cuestiona en general, el procedimiento para establecer las "medidas de protección", necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica; y en este sentido, se señala que conforme a los numerales 9, 10, 12 y 14 de la Ley número 7586, una vez presentada la petición por el afectado, de inmediato se ordena la aplicación de las medidas solicitadas, tres días después se realiza la audiencia en donde se escucha la prueba ofrecida por el solicitante, y acto seguido, después de evacuada, se da por concluida la comparecencia y se resuelve si las medidas aplicadas se mantienen en ejecución o no, sin que se dé oportunidad alguna de defensa a la persona contra quien se solicita la medida, lo que la deja además, en un claro estado de desigualdad procesal; y, b) que se vulnera el derecho a la doble instancia, establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y reconocido por la sentencia número 0300-90 de esta Sala, pues el artículo 3 inciso l), en relación con el 10 de la ley consultada, disponen que la fijación provisional de una obligación alimentaria que se establezca como medida de protección, carece de recurso de apelación.- De conformidad con las disposiciones legales que regulan la consulta judicial de constitucionalidad, esta Sala únicamente es competente para evacuar las dudas que expresamente señala el juzgador que la formula, lo que se hace de seguido, en aplicación de la facultad concedida en el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de esta Jurisdicción.-

II).- LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SU PROCEDIMIENTO: La Ley número 7586, de cuya constitucionalidad duda la autoridad consultante, regula con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política, la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica, es decir, de toda acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial, con especial interés en la protección de las madres, niños, personas de sesenta años o más y personas discapacitadas (artículo 1).- La naturaleza de tales medidas se establece en el artículo 3 de la Ley, y su duración no podrá ser menor de un mes ni mayor de seis, con posibilidad de una única prórroga por igual período. Las autoridades competentes para su imposición son los Juzgados de Familia, y las Alcaldías Mixtas en los lugares donde aquéllos no existan.- El procedimiento carece de formalidades y se establece que una vez planteada la solicitud, el juez debe ordenar de inmediato, la aplicación de cualquiera de las medidas de protección solicitadas, decisión contra la que no cabe recurso alguno (artículo 10). En la misma resolución en que se ordena la medida, se citará a las partes -agredido y supuesto agresor- para que dentro del plazo de tres días comparezcan a una audiencia oral donde se evacuará la prueba, y una vez concluida la comparecencia el juez debe resolver de inmediato si las medidas aplicadas se mantienen en ejecución o no (artículo 14). Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación, que no suspende la ejecución de las medidas adoptadas (artículo 15).- El juzgador considera que ese procedimiento lesiona el derecho a la defensa de la persona contra quien se solicita la medida de protección, dado que por el establecimiento de plazos tan cortos, éste no tiene ninguna posibilidad de aportar prueba de descargo, y en algunos casos, ni siquiera puede recurrir la decisión del juzgador, con lo que se le coloca en una posición de abierta desigualdad en el proceso, respecto de la persona a cuyo favor se promueven las diligencias. La Sala advierte, luego del análisis de la normativa que regula dicho procedimiento, que si bien es cierto se trata de un trámite sumarísimo, ello no impide, como se verá, el ejercicio de la defensa de la persona contra quien se solicita judicialmente una medida de protección por violencia doméstica, y que por ello, la potestad legislativa de regulación de los diversos procesos judiciales, reconocida constitucionalmente y reiterada en diversos pronunciamientos por este Tribunal, fue ejercida en el caso de la Ley número 7586, dentro del marco constitucional y convencional vigente en la República.-

III).- Tal y como se indicó, esta Sala ha reconocido en múltiples oportunidades, la potestad del legislador para regular discrecionalmente el trámite de los diversos procesos judiciales, en tanto dicha regulación se ajuste a los parámetros de constitucionalidad que regulan la actividad legislativa.- Así se indicó, entre otras, en la resolución número 0479-I-94, de las catorce horas treinta y cuatro minutos del veinte de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, al resolver similares cuestionamientos a los que ahora se analizan, en relación con la protección del debido proceso en los procesos de contravenciones, en la cual se señaló que como la Constitución Política no toma partido respecto de los diversos sistemas de procedimiento existentes para posibilitar la investigación de un hecho de naturaleza penal, las disposiciones 39 y 41 constitucionales permiten concluir que el constituyente dejó a criterio del legislador secundario el establecer el sistema procesal, exigiendo eso sí que se garantice en él la defensa -con todas sus consecuencias-, y que el procedimiento sea expedito para que la administración de justicia sea pronta, cumplida y sin denegación. Esa potestad legislativa de diseñar, dentro de cada rama general del Derecho Procesal, procesos específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y a las particularidades de cada materia, fue reconocida también en la sentencia número 0778-93, de las once horas quince minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y tres; y de allí que, a partir de lo dicho, se arriba a una conclusión inicial, en el sentido de que el establecimiento de un proceso de carácter sumario para la imposición de medidas de protección contra la violencia doméstica, no contiene por sí mismo, lesión constitucional alguna, dado que no sólo esa potestad de regulación puede ser válidamente ejercida por el legislador, sino que además, la diversa forma en que éste regule los procedimientos judiciales tampoco es contraria per se al principio del debido proceso.- Tal lesión en cambio sí se produciría en virtud de un exceso de poder legislativo, en tanto la sumariedad del proceso, analizado en cada una de sus fases, impida en forma total y absoluta, el ejercicio de la defensa para alguna de las partes involucradas en éste, vicio que justamente es el que se le achaca a la ley número 7586 en estudio.-

IV).- La constitucionalidad del procedimiento para dictar medidas de protección a favor de las personas víctimas de violencia doméstica, debe analizarse a la luz de los valores fundamentales que inspiraron la promulgación de esa normativa. Y es que, en efecto, el artículo 1 de la Ley número 7586 es absolutamente claro en el sentido de que la regulación legislativa tiene por objeto dar cabal cumplimiento a lo que dispone el artículo 51 de la Constitución Política, norma programática que establece la obligación del Estado de dar protección especial a la familia como elemento natural y fundamento esencial de la sociedad, así como a las madres, niños, ancianos y enfermos desvalidos, y en tales términos, la Ley no es sino una manifestación del cumplimiento de esa directriz constitucional, cuyo espíritu permea todo su contenido.- También están de por medio los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física de los miembros del núcleo familiar -todos garantizados por la Carta Fundamental y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos- cuya vigencia se ve seriamente comprometida cuando uno de sus miembros, abusando de su fuerza física o de su posición de autoridad, le inflige vejámenes físicos, sexuales, psicológicos o patrimoniales a uno o varios de sus integrantes.- En aras del mantenimiento de la unidad familiar y de la integridad de los miembros de la familia, es que el legislador consideró oportuno dotar a las personas víctimas de violencia doméstica de un procedimiento ágil y oportuno, que les garantice en forma inmediata el cumplimiento de los postulados constitucionales mencionados; y por ello, no resulta contraria al debido proceso la facultad del juez de familia de ordenar en el auto cabeza del proceso, el cumplimiento de una o varias de las medidas de protección establecidas en el artículo 3 de la Ley número 7586, aún sin que para ese efecto otorgue audiencia alguna al supuesto agresor, pues en este extremo debe prevalecer el interés superior de proteger, sin demora, la integridad de la persona agredida. Debe advertirse además, que dicha resolución establece una medida que es de carácter provisional, y además es la que abre la posibilidad para que la persona contra quien se solicita la protección, haga llegar al expediente las pruebas que obren a su favor, sea cual sea su naturaleza.- Así se desprende del contenido del artículo 12 de la Ley, el cual dispone que en la misma resolución que ordena la medida, debe citar a las partes a una audiencia ante el juez dentro de tercero día, para evacuar las pruebas y resolver si aquélla se mantiene o no.- Ello quiere decir, que la medida cautelar que se establece en la resolución inicial del proceso, únicamente se prolongará por tres días, al cabo de los cuales, ambas partes podrán presentar ante la autoridad competente toda la prueba que consideren pertinente en defensa de sus intereses, la que una vez evacuada, servirá de base al juzgador para tomar una decisión definitiva.- Por la circunstancia apuntada, resulta razonable y necesario, que contra la resolución inicial no proceda recurso, pues tratándose de una decisión preliminar, la apelación únicamente tendría como resultado la dilación innecesaria del proceso, el cual debe resolverse tres días después de tomada la medida. En este sentido, no comparte esta Sala la afirmación del juzgador consultante, de que en la audiencia oral únicamente se debe evacuar la prueba ofrecida por la persona agredida, lo que como se señaló no es cierto, pues en ésta se deben proponer y evacuar las pruebas que resulten útiles y necesarias para que el juez cuente con mayores elementos de juicio a la hora de resolver, independientemente de la calidad del proponente; y es por ello que se considera que en este caso, el plazo de tres días resulta ajustado al parámetro de razonabilidad constitucional, y por ende, no es insuficiente para garantizar la defensa de las partes.- Además de lo anterior, cabe resaltar que la propia ley establece en su artículo 15, que la resolución que dicte el juez al cabo de la audiencia, tiene recurso de apelación, con lo que ambas partes pueden discutir ante el superior, la decisión del juez, y de allí que la alegada desigualdad procesal es inexistente.- En mérito de lo expuesto, este extremo de la consulta debe evacuarse en el sentido de que el procedimiento establecido por el legislador para tomar medidas de protección en favor de las víctimas de violencia doméstica, no es contraria a los artículos 33 y 39 de la Constitución Política, en los términos señalados por el juez consultante.-

V).- Finalmente, el Juez de Familia de Hatillo duda de la constitucionalidad del inciso l) del artículo 3 de la Ley sobre la Violencia Doméstica, en relación con el artículo 10 ídem: el primero establece, dentro de las medidas de protección, la posibilidad de imponer al agresor, el pago de una pensión alimenticia provisional, y el segundo dispone que contra la resolución inicial que establezca una medida de protección no procede recurso alguno.- Se cuestiona el Licenciado Chacón si esa circunstancia vulnera el principio de la doble instancia establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la sentencia número 0300-90, de las diecisiete horas del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa de esta Sala, que estableció que no podía negarse el recurso de apelación contra la resolución que establezca el pago de una obligación alimentaria provisional. En este extremo cabe advertir que, efectivamente, ya se declaró inconstitucional la interpretación judicial del artículo 26 de la Ley de Pensiones Alimenticias, según la cual se negaba el recurso de apelación contra la resolución que fija la pensión alimenticia provisional. Lo anterior, sobre la base de que, si bien es cierto ese derecho no deriva de lo dispuesto en el inciso 2.h) del numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -como parece entenderlo el juez consultante-, sí encuentra fundamento en el principio constitucional del debido proceso, también tutelado en esa Convención, y específicamente en la necesidad de que un tribunal superior examine o reexamine, por vía de recurso, la legalidad y razonabilidad de toda sentencia o resolución jurisdiccional que imponga a la persona un gravamen irreparable o de difícil reparación, al menos cuando ese gravamen incida sobre uno de sus derechos o libertades fundamentales sustanciales (de goce), como es la libertad personal; es decir, contra los actos que en Derecho Administrativo se conocen como "actos separables" en cuanto causan por si mismos un gravamen más allá del procedimiento mismo en que se dictan, de manera que ese efecto no podría corregirse con la solución normal de tener que esperar para impugnarlos conjuntamente con el acto final que están llamados a preparar.- En criterio de este Tribunal, la relación de los numerales 3 inciso l) y 10, ambos de la Ley contra la Violencia Doméstica, no produce quebranto al derecho que de esa sentencia se deriva, pues a pesar de que contra la resolución inicial en que se imponga una medida de protección no procede apelación -no así contra la decisión definitiva del juez, según se estableció en los Considerandos anteriores-, si se impone el pago de una obligación alimentaria provisional, el inciso l) del artículo 3 de la Ley establece que "Una vez fijada [la obligación alimentaria], de oficio se testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad judicial correspondiente", y por ello, resulta claro que la Ley número 7586 lo que establece, en manos del juez de familia, es la posibilidad de fijar prima facie, y para la defensa de los intereses de la víctima de la agresión, una pensión alimenticia provisional, debiendo remitir de inmediato un testimonio de piezas a la alcaldía competente, ante la cual se puede válidamente plantear, conforme a la Ley de Pensiones Alimenticias, el recurso de apelación que interesa, que deberá ser resuelto por el superior de ésta que resulte competente conforme a la legislación aplicable.

En consecuencia, cabe declarar que tales normas no son inconstitucionales, si se interpretan y aplican en el sentido de que, contra la resolución del juez de familia que imponga una pensión alimenticia provisional conforme a la Ley número 7586, procede recurso de apelación, que debe tramitarse y resolverse por la autoridad competente según la legislación especial que regula la materia alimentaria, ante la cual éste debe hacer llegar de inmediato el testimonio de piezas que ordena la Ley en análisis. En esos términos, las dudas del juez consultante resultan infundadas, pues la interpretación constitucional que se hace en esta sentencia, permite mantener vigentes las normas cuestionadas, en plena armonía con el marco constitucional que están llamadas a desarrollar y tutelar.-

Por tanto :

Se evacua la consulta formulada por el Juez de Familia de Hatillo, y se declara:

•  Que el procedimiento para la imposición de medidas de protección establecido en la Ley contra la Violencia Doméstica, número 7586 del dos de mayo del año en curso, no es contrario a los artículo 33 y 39 de la Constitución Política, en los términos expuestos por la autoridad consultante;

•  que tampoco es inconstitucional el artículo 3 inciso l), en relación con el 10, ambos de la ley señalada, en tanto se interpreten y apliquen en el sentido de que contra la resolución del juez de familia que imponga una pensión alimenticia provisional conforme a ellos, procede recurso de apelación en un sólo efecto, que debe tramitarse y resolverse por la autoridad competente según la legislación especial que regula la materia alimentaria, ante la cual éste debe hacer llegar de inmediato el testimonio de piezas que ordena la Ley en análisis.-

Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial "La Gaceta" y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese a la autoridad consultante y al Poder Legislativo. Notifíquese.-

Luis Paulino Mora M.

Presidente

R. E. Piza E. Luis Fernando Solano C.

Eduardo Sancho G. Carlos Arguedas R.

José Luis Molina Q. Fernando Albertazzi H.