Exp: 00-009015-0007-CO

 

Res: 2000-11516

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre del dos mil.-

Consulta judicial facultativa formulada por el Juzgado de Familia de Liberia, mediante resolución de las dieciséis horas con cinco minutos del cinco de octubre del dos mil, dictada dentro del expediente número 00-400309-385-FA, que es Declaratoria de Insania promovida por Ethel Margarita Achío Fuentes respecto a Arnoldo José Gamboa Achío.

 

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas del veintiséis de octubre del dos mil (folio 1), y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el despacho consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 236 párrafo tercero del Código de Familia, por cuanto dicho artículo establece que el padre y en su defecto la madre, es el curador legítimo forzoso de los hijos solteros o viudos sin hijos mayores de edad. Manifiesta el Juez de Familia consultante que duda que ese artículo sea constitucional respecto al artículo treinta y tres de la Constitución Política, pues no permite al Juzgador establecer cuál es el padre más idóneo para ejercer la curatela y salvaguardar los intereses del adulto sometido a ella o declarado insano, sino que expresamente obliga a darle preferencia al padre, siendo, al excluir a la madre que ejerció la patria potestad durante la minoridad del sujeto sometido a curatela.

2.- Por resolución de las diez horas quince minutos del seis de noviembre del dos mil, se dispuso no conferir audiencia a la Procuraduría General de la República, por se parte en el asunto principal tramitado en el Juzgado de Familia de Liberia, en expediente número 00-400309-385-FA que es "Declaratoria de Insania de Arnoldo José Gamboa Achío" (folio 4).

3.- Mediante auto de las once horas diez minutos del siete de noviembre del dos mil (folio 5), la Magistrada Instructora advirtió que la resolución de las dieciséis horas cinco minutos del cinco de octubre del dos mil, mediante la cual se acordó hacer la Consulta Judicial a esta Sala, no había sido notificada al Lic. Enrique Pochet Cabezas como Procurador de Familia, quien fue apersonado en la causa por el Procurador General Adjunto, por lo que puso en conocimiento al Procurador responsable del proceso judicial indicado, la resolución citada, a fin de que haga uso del emplazamiento que en ella se le otorga, ello para evitar nulidades futuras y por economía procesal.

4.- Con memorial agredo a folio 6, Farid Beirute Brenes, en su condición de Procurador General Adjunto, apersonó en este juicio al Lic. Enrique Pochet Cabezas, Procurador de Familia, para que represente al Estado, de conformidad con los artículos 1, 3, 13, 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y con las facultades señaladas en los artículos 1290 y 1293 del Código Civil. La Procuraduría General de la República no contestó la audiencia conferida.

5.- En el procedimiento se cumplió con las formalidades establecidas por ley.

Redacta la Magistrada Castro Alpízar ; y,

Considerando:

 

I.- Sobre la admisibilidad. De conformidad con el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la consulta resulta admisible en razón de ser presentada por el Juzgado de Familia de Liberia en forma previa a la aplicación de la norma consultada, en el proceso de declaratoria de insania promovido por Ethel Margarita Achío Fuentes respecto a Arnoldo José Gamboa Achío, tramitado en expediente N°00-400309-385-FA, en razón de tener dudas fundadas sobre su constitucionalidad.

II.- Sobre el fondo. Manifiesta el consultante que duda de la constitucionalidad del artículo 236 párrafo tercero del Código de Familia, por cuanto establece que el padre y en su defecto la madre, es el curador legítimo forzoso de los hijos solteros o viudos sin hijos mayores de edad. Afirma que duda que dicho artículo sea acorde con lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política, pues no permite al Juez de Familia establecer cuál es le padre más idóneo para ejercer la curatela y salvaguardar los intereses del adulto sometido a ella o declarado insano, sino que expresamente obliga a darle preferencia al padre, excluyendo a la madre que ejerció la patria potestad durante la minoridad del sujeto sometido a curatela.

III.- Para una mejor comprensión, es importante transcribir la norma del Código de Familia consultada, la que dispone:

"Artículo 236.- CURATELA LEGITIMA.

...

El padre, y a falta de éste la madre, son curadores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad capaces de desempeñar la curatela.

..."

En el análisis de este asunto, resulta conveniente hacer hincapié en el propósito de la curatela. De conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código de Familia, la curatela tiene como fin la protección de la persona y los bienes de los mayores de edad que presenten una discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios intereses aunque, en el primer caso, tengan intervalos de lucidez. La curatela tiene su fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política que consagra la protección de la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, así como la protección de la madre, el niño, el anciano y el "enfermo desvalido". El espíritu de esas disposiciones es procurar la protección de la persona mayor que no puede valerse por sí misma, previa declaratoria de insania o interdicción judicial, según sea el caso. Lo anterior conlleva a que esa protección se dé en condiciones óptimas y dirigida siempre al interés del incapacitado, para resguardar su integridad física, psíquica y emocional, para representarlo y administrar sus bienes, y para cuidar que el incapaz adquiera o recobre su capacidad mental o física, lo cual se establece como obligación del curador en el artículo 235 del Código de Familia. De la lectura del artículo 236 del Código de Familia, mediante el cual se regula lo relativo a la Curatela Legítima, se interpreta que al designar al cónyuge o pariente para hacerse cargo de las funciones de curador, el Legislador consideró la relación de parentesco, tomando en cuenta los principios fundamentales que rigen el derecho de familia, como son la unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Es claro que la relación de parentesco permite que se formen vínculos afectivos y de compromiso, que dan idoneidad al curador legítimo para proporcionar los cuidados y la guarda requeridos por el incapaz, todo en aras de proteger de la mejor forma sus intereses.

IV.- Teniendo claro el fin de la Curatela, es oportuno analizar si el contenido del párrafo tercero del artículo 236 del Código de Familia, es acorde con el propósito de ese instituto, con los principios esenciales que rigen el derecho de familia y los derechos constitucionalmente consagrados. En la norma transcrita anteriormente, se establece como curador legítimo al padre y a falta de éste, la madre, de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad capaces de desempeñar la curatela. Al respecto, se estima que para nombrar a la persona que se desempeñe como curador, el Juez de Familia debe tomar en cuenta primordialmente la conveniencia e interés del incapaz. Al darse los supuestos que configuran la curatela legítima, el Juzgador debe atenerse a la persona designada por Ley, en razón del parentesco. Sin embargo, en el supuesto contemplado en el artículo 236 párrafo tercero del Código de Familia, y sin fundamento razonable alguno, el legislador eliminó toda posibilidad de escoger entre el más idóneo de los progenitores del incapaz, al disponer que el padre es el curador legítimo y únicamente a falta de éste, lo será la madre. Atendiendo al espíritu del instituto de la curatela, considera la Sala que la frase "... a falta de éste ..." -refiriéndose al padre-, de la regulación sometida a consulta, es abiertamente contraria a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 33, 51 y 52 de la Constitución Política y el artículo 17 inciso 4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones que a continuación se expondrán.

V.- Sobre el principio de igualdad y la igualdad de los derechos de los cónyuges.- El artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminar la dignidad humana. Según se ha interpretado en Derecho Constitucional, el principio de igualdad obliga a tratar a iguales como iguales y a desiguales como tales, por lo que no resulta inconstitucional reconocer diferencias entre personas o grupos de ellas, siempre y cuando, la diferenciación tenga una justificación razonable y objetiva. Al respecto, es conveniente retomar el criterio vertido por la Sala en resolución N°0673-97 de las doce horas cincuenta y un minutos del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete:

"Para ello debe tomarse en cuenta, que la igualdad contemplada en el artículo 33 de la Carta Política, significa que a los supuestos de hecho iguales ha de serles aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho, tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia que aparezca, al mismo tiempo, como fundada y razonable de acuerdo a criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Esto es lo que se ha denominado igualdad jurídica, que significa que todos los hombres que tienen similares características gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Dicho de otra forma, igualdad es igual trato ante circunstancias o situaciones iguales. De lo expuesto surge que las discriminaciones o beneficios que tengan una causa razonable, no son violatorias del principio de igualdad. Sólo son inconstitucionales las discriminaciones hostiles, persecutorias, arbitrarias o estigmatizantes, que obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio de personas o grupos. Para ello debe tomarse en cuenta, que la igualdad contemplada en el artículo 33 de la Carta Política, significa que a los supuestos de hecho iguales ha de serles aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho, tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia que aparezca, al mismo tiempo, como fundada y razonable de acuerdo a criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Esto es lo que se ha denominado igualdad jurídica, que significa que todos los hombres que tienen similares características gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Dicho de otra forma, igualdad es igual trato ante circunstancias o situaciones iguales. De lo expuesto surge que las discriminaciones o beneficios que tengan una causa razonable, no son violatorias del principio de igualdad. Sólo son inconstitucionales las discriminaciones hostiles, persecutorias, arbitrarias o estigmatizantes, que obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio de personas o grupos."

Asimismo, en la especie debe considerarse que el artículo 52 de la Constitución política establece que el Matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. Esta disposición constitucional se refuerza y amplía en el artículo 17 inciso 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece lo siguiente:

"Artículo 17. Protección a la Familia.-

... 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos."

Es claro que la esencia de la normativa aludida es el reconocimiento de la igualdad del hombre ante la ley y a no ser discriminado, lo que implica que las personas reciban un trato igual en circunstancias y situaciones idénticas. En el caso de los cónyuges, el artículo 52 de la Constitución Política y el artículo 17 inciso 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos confirman la igualdad de derechos de los cónyuges, incluso en caso de disolución del matrimonio. Igualmente el artículo 2 del Código de Familia establece la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Se estima entonces que la norma objeto de la consulta hace una diferenciación innecesaria entre el padre y la madre, cuando por su condición de progenitores deben tener responsabilidades equivalentes, incluso después de la disolución del vínculo matrimonial, tomando en cuenta la concepción amplia de la familia que ha aceptado esta Sala. Por tal motivo, es inaceptable que en el artículo 236 párrafo tercero del Código de Familia, el legislador de prioridad al padre como curador legítimo de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad capaces de desempeñar la curatela, y sólo a falta de éste, se considere a la madre, cuando ambos están en las mismas condiciones, tienen responsabilidades comunes e iguales derechos y deberes derivados de la filiación. No observa la Sala que exista un fundamento razonable para hacer esa diferenciación, la cual evidentemente hace una discriminación odiosa por razón de género, en perjuicio de la madre. Con relación a lo indicado, la Sala se pronunció en sentencia 1975-94 de las quince horas treinta y nueve minutos del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se dispuso lo siguiente:

"III.- La Sala debe partir de que la familia, tal y como lo indica el artículo 51 de la Constitución Política, es la célula-fundamento de la sociedad, merecedora de una debida protección por parte del Estado. Pero la familia debe ser vista de manera amplia y nunca restrictiva, ya que la concepción reciente de la misma incluye, tanto a la familia unida por un vínculo formal --el matrimonio (artículo 52 de la Constitución Política)--, como aquélla en la cual la unión se establece por lazos afectivos no formales --uniones de hecho, regulares, estables, singulares, etc.- Ya esta Sala en la sentencia número 346-94 de las 15 horas con 42 minutos del 18 de enero del presente año, estableció, lo siguiente:

"... Encontramos en la norma constitucional dos elementos de suma importancia en la comprensión de la intención del legislador al promulgarla, cuales son el "elemento natural" y "fundamento de la sociedad", como componentes básicos de la formación de la familia. En la primera frase, entendemos que nuestro legislador quiso que en dicho concepto --familia-- se observara que su sustento constituye un elemento "natural", autónomo de los vínculos formales. Por otro lado, y siguiendo esta misma línea de pensamiento, también debemos entender que al decirse que la familia es el "fundamento de la sociedad" no debemos presuponer la existencia de vínculos jurídicos."

Pero aún sin centrar el análisis en la familia para hacerlo respecto del status del padre, la conclusión es idéntica, porque fluye natural el criterio de que si se adquiere esa condición implica tanto soportar los deberes que el ordenamiento dispone, como los derechos a ella inherentes. En otras palabras, la patria potestad debe entenderse como los poderes-deberes de madre y padre, mediante la cual se ejerce el gobierno sobre los hijos que se desglosa en guarda, crianza y educación del hijo, administración de sus bienes, así como responder civilmente por él --artículo 127 del Código de Familia--, esto último debido a que los hijos menores de edad carecen de conformidad con el derecho, de capacidad de goce y disfrute directos, así como por su inmadurez psicológica y física. ...

... La misma legislación fundamental, va encaminada no sólo a proteger la unión familiar, no importando si media una forma legal o no, sino que, partiendo de la igualdad existente entre los padres, matrimoniales o no --artículo 53 de la Constitución Política--, lo procedente es determinar que en el párrafo analizado, la norma hace una distinción innecesaria entre el padre y la madre de hijos extramatrimoniales. Debe agregarse sobre este tema y como una matización que adelante se desarrolla, que no en todos los casos de hijos extramatrimoniales reconocidos, puede entenderse que el padre tenga los plenos derechos que de principio otorga la legislación familiar al padre matrimonial. Y, como se indicó supra, corresponderá más bien a la madre, si el interés del menor se viera amenazado o lesionado, accionar para que el Juez, a la luz de los hechos y la correspondiente prueba, como sanción, retire al padre los derechos de tal. Es obvio entonces, que se impone una inversión de los términos que en este momento consagra el párrafo segundo analizado. Porque de lo contrario, se seguirá en el círculo vicioso que consagra la norma, desde que otorga todos los derechos a la madre extramatrimonial, y cuando el padre trata de que el juez disponga el ejercicio conjunto, se dirá que no hay afecto del padre hacia el hijo, o que el inicio de la "nueva" relación podría causar daño psicológico al menor, etc. Este círculo vicioso se origina en que la norma parte de una regulación al revés de lo que naturalmente corresponde, ya que el padre, en todo caso, deberá gozar, jurídicamente, de los derechos de tal. Y solamente que no asuma su papel, o lo haga con daño para el menor hijo, entonces la madre puede accionar para que se dé una sentencia que varíe la situación.- ...

VII.- Lo anterior lleva a concluir, que no existiendo un motivo constitucional para hacer diferencia alguna, no puede ser atendible una discriminación legal en contra del texto constitucional --artículo 33 de la Constitución Política--, cuya aplicación ya ha sido estudiada por esta Sala y plasmada en su jurisprudencia, cuando entre otras cosas ha determinado:

"... Adviértase que en la especie la desigualdad que hiere los intereses del recurrente no es una simple diferenciación "razonable y objetiva", sino un tratamiento evidentemente injustificado, infundado y desproporcionado, producto de condicionamientos sociales, culturales, económicos y políticos felizmente superados, tratamiento que actualmente resulta lesivo para la dignidad humana en lo particular, como derecho subjetivo positivo concreto a la igualdad, y para la unidad familiar como derecho social objetivo, desde el momento en que establece una restricción odiosa que atenta, por discriminación, contra el equilibrio jurídico y espiritual de la familia, también tutelado por la Constitución y por el ordenamiento internacional y por ello patrimonio subjetivo del ofendido.

La norma impugnada crea una especie de marginación que afecta al núcleo familiar y por ende a la sociedad en su conjunto desde el momento en que un integrante de esa comunidad es tratado de manera diferente cercenando sus derechos igualitarios y colocándolo en situación social de desventaja, como haría frente a su esposa, sus hijos y demás familiares; con ello se resiente el sentido de justicia." (voto número 3435-92 de las 16:20 horas del 11 de noviembre de 1992).

Por lo que, si hemos partido de la concepción amplia de familia y la de igualdad de derechos y obligaciones, derivadas de una filiación, sin determinar formalismos para su existencia, en aplicación de la normativa fundamental, efectivamente, en el párrafo segundo del artículo 142 impugnado, en la hipótesis dicha, se crea sin fundamento constitucional un estado jurídico por el que el padre de hijo extramatrimonial no puede considerarse facultado a ejercer la patria potestad sobre sus hijos, discriminación odiosa e injustificada que amerita la declaratoria de inconstitucionalidad de dicho párrafo, por ser contrario al derecho a la igualdad en forma general por el numeral 33 y especial por el 53, ambos de la Constitución Política, y nunca como una condición a priori.- ..."

VI.- Sobre el interés de los hijos y la protección del enfermo desvalido.- El artículo 51 de la Constitución Política consagra la protección al enfermo desvalido, lo cual se garantiza con institutos como la curatela. Esta disposición es reforzada también por el ya mencionado artículo 17 inciso 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el que se consagra la protección necesaria de los hijos sobre la base única de su interés y conveniencia. Sin embargo, al designarse al padre como curador legítimo, y sólo a falta de éste, a la madre, la norma consultada no permite al Juez de Familia, valorar la idoneidad de ambos progenitores, en igualdad de condiciones como en derecho corresponde, lo que podría afectar el interés del incapaz, pues de existir el padre, se excluye a la madre de antemano, sin tener posibilidad de evaluar su aptitud, pudiendo resultar eventualmente, ser más apta para desempeñarse como curadora legítima, todo ello en aras de alcanzar las condiciones elementales para el cuido y resguardo del incapaz sometido a curatela. Por lo externado, se estima que la limitación fijada por la norma consultada, podría significar un perjuicio para los intereses del incapaz, siendo ello contrario a la garantía de protección al enfermo desvalido establecida en el artículo 51 de la Constitución Política.

VII.- Conclusión.- En virtud de lo expuesto, considera esta Sala que lo contrario a los principios fundamentales referidos, no es en sí la curatela legítima establecida en el artículo 236 párrafo tercero del Código de Familia, sino específicamente la frase "... a falta de éste ...", que como se indicó supra, implica dar prioridad al padre como curador legítimo, y a la madre únicamente se le considera como tal, si falta el padre, dando un trato desigual a los progenitores, lo que eventualmente podría afectar el interés del hijo incapaz, de recibir la protección requerida por parte de quien sea designado por el Juez de Familia como el más idóneo. En consecuencia, se evacua la consulta en el sentido de que la frase indicada es inconstitucional por violentar lo dispuesto en los artículos 33, 51 y 52 de la Constitución Política y el artículo 17 inciso 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Por tanto:

Se evacua la Consulta Judicial Facultativa de constitucionalidad elevada por el Juez de Familia de Liberia, en el sentido de que la frase "... a falta de éste ..." del párrafo tercero del artículo 236 del Código de Familia, es inconstitucional por violentar lo dispuesto en los artículos 33, 51 y 52 de la Constitución Política y el artículo 17 inciso 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, se anula dicha frase del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos y declarativos a la fecha de promulgación de la norma, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Notifíquese, publíquese y reséñese.-.-.

R. E. Piza E.

Presidente

Luis Fernando Solano C. Luis Paulino Mora M.

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R.

Adrián Vargas B. Susana Castro A.